CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES IONE BELARRA

 

SRA. MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y SECRETARIA GENERAL DE PODEMOS DOÑA IONE BELARRA URTEAGA

Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 

C/ Paseo del Prado, nº 18-20

28014 Madrid

E-mail: ione.belarra@congreso.es

Telf.: 91 596 10 00

                                          Lebrija (Sevilla), a 28 de Julio de 2021

"Al otorgar derechos a otros que les pertenecen,

nos otorgamos derechos a nosotros mismos y a nuestro país"

Jhon Fitzgeral Kennedy

Estimada Sra. Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Secretaria General de Podemos Doña Ione Belarra Urteaga: 

El pasado 23 de julio, en el marco de los Cursos de Verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid, ha llamado usted a lograr "de una vez por todas acabar" con los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede que datan de 1979, así como poder sacar la asignatura de Religión en las escuelas públicas, y espera que la postura del PSOE "no se quede en papel mojado".  

Preguntada usted sobre una información relativa a los planes del Partido Socialista de llevar a su próximo Congreso Federal los Acuerdos con la Santa Sede, ha deseado usted que esa posición no quede "en papel mojado" porque, en muchas ocasiones, han visto que "aparentemente se sumaban a la laicidad", pero cuando luego se tenían que tomar "decisiones difíciles" de cara a terminar con los "privilegios de la Iglesia Católica", "no hemos encontrado" el apoyo de los socialistas.

Concretamente, ha citado usted la reversión de las inmatriculaciones "ilegales" de la Iglesia o reclamar que abonen el IBIE en sedes y templos, para que se "corresponsabilicen" con los ingresos del conjunto del Estado. 

Sra. Belarra, permítame que le explique algunas cuestiones, que como se puede observar, por su tierna edad, tiene usted bastante confusas, quizás porque nadie se las ha explicado nunca, y por ello va siendo hora de que alguien se las explique.

“Acabar de una vez por todas con los Acuerdos ente el Estado y la Santa Sede de 1979”

Sra. Ministra, es lamentable para la gente del pueblo, que los políticos como usted, y todos los de su casta, estén más preocupados en desenterrar muertos del siglo pasado, abrir tumbas y derribar cruces de piedras, que en resolver los verdaderos problemas de los españoles, como son la grave crisis económica que atraviesa nuestro país, la falta de vivienda, o la falta de empleo para nuestros jóvenes.

Desde que los cascotes del muro de Berlín cayeron sobre vuestras cabezas en 1989, y el mundo entero pudo contemplar con estupor los estragos que el comunismo real había hecho en todos los países de la Europa del Este, dejando una estela de hambre y miseria como pocas veces se ha visto a lo largo de la historia, toda la izquierda europea ha tenido que reinventarse a si misma, buscando un nuevo neo-marxismo versión 2.0

Descartada la bandera de la economía, donde nada podéis hacer, habéis tenido que levantar nuevas banderas ideológicas con las que justificar vuestra propia existencia. La lucha de clases ha tenido que ser sustituida por la lucha de sexos. La ideología de género, la cultura de la muerte, y como no, también habéis tenido que volver a levantar la bandera del anticlericalismo rancio y casposo de los años 30 del siglo pasado… Y todo ello, no para buscar el bien común, sino para reinventar una ideología sectaria al servicio de unos pocos allegados al aparato del partido. La bandera de la hoz y el martillo, ya no os sirve, desde que fuera retirada del Krenlim en la Navidad de 1991 y desde entonces seguís en búsqueda de vuestra propia identidad perdida.

Es una afirmación falsa decir que los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede sean preconstitucionales, pues estos Acuerdos fueron firmados el 3 de enero de 1979, y publicados en el B.O.E. el 15 de Diciembre de 1979, mientras que nuestra Constitución fue publicada en el B.O.E. el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor. Por lo tanto quienes afirman que son Acuerdos pre-constitucionales ignoran nuestra historia constitucional contemporánea.

Es precisamente nuestra Constitución de 1978, la base de estos Acuerdos, pues ella señala en su artículo 16.1 que: «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». Y en el 16.3 recoge que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesias Católica y demás confesiones».

Por lo tanto Sra. Belarra, según nuestra Carta Magna, España no es un Estado laico, sino un Estado aconfesional, que es muy diferente. Así lo ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, (SSTC 24/1982, 265/1988, 166/1996, 6/1997 entre otras). Dicho Tribunal ha indicado que el artículo 16.3 de la Constitución tras formular una declaración de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, inmediatamente después establece para los mismos el mandato constitucional de "tener en cuenta" el hecho religioso en atención al factor social y la obligación de cooperar con las distintas confesiones (SSTC 24/1982, 340/1993, 177/1996, 46/2001, 101/2004, 38/2007, 51/2011 entre otras).

El estado aconfesional se distingue del laico en que, el primero sí reconoce valora y estima el sentimiento religioso de su pueblo, por tanto no solamente práctica la tolerancia religiosa, sino que protege, apoya, fomenta y hasta llega a financiar en forma equitativa las diferentes confesiones religiosas practicadas por su población.

Sra. Ministra, gracias a estos Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, nuestros soldados en misiones de paz en el extranjero, pueden celebrar la misa el día de Navidad, a pesar de estar a miles de kilómetros de sus familias y de nuestra patria. No sé en que beneficia al bien común retirar los capellanes castrenses y la asistencia religiosa a nuestras Fuerzas Armadas. Como tampoco se en que beneficiaría al bien común, retirar las capillas de los hospitales públicos de España, donde los familiares pueden ir a rezar por sus seres queridos enfermos o que se encuentran en los últimos momentos de su vida. Retirar los capellanes de los centros sanitarios, impedirían que estos puedan prestar su ayuda y su consuelo a todos los enfermos que así lo reclaman así como poder administrar los sacramentos de la unción de enfermos, la penitencia o la Eucaristía a todos los enfermos que desean recibirlos y que por su situación deben permanecer hospitalizados.

También desconozco, en que beneficiaría al bien común, retirar a los capellanes penitenciarios de las cárceles de nuestro país, donde desarrollan una extraordinaria labor social y de acompañamiento a la reinserción de miles de reclusos. ¿Conoce usted esta labor señora Ministra?

Sra. Belarra, usted no busca el bien común. Usted sólo busca levantar la bandera del anticlericalismo radical, rancio, casposo y trasnochado, del siglo pasado, para intentar repescar un puñado de votos en los sectores más radicales y sectarios, de este país.

“Lograr de una vez por todas sacar la asignatura de religión en las escuela públicas”

Asimismo, manifiesta usted que desea lograr de una vez por todas sacar la asignatura de religión en las escuelas públicas.    

Sra. Belarra no comprendo cómo puede ser ministra de Derechos Sociales alguien que pretende negar a los niños y jóvenes el primer derecho social, como es la educación, en este caso religiosa, y el derecho que asiste a los padres de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, como así lo recoge el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, así como el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, que expresamente reconoce que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Poner como ministra de Derechos Sociales a alguien que pretende suprimir de forma arbitraria y sectaria, el ejercicio del primer derecho social fundamental como es el derecho a la educación, en una de sus vertientes como es la religiosa, es como poner a un pirómano confeso al frente de los bomberos forestales.

Según los datos facilitados por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, en el curso 2020-2021 un 60,59 % del alumnado ha optado de forma libre y voluntaria por la asignatura de religión católica.

¿Por qué pretende usted negar este derecho social fundamental a la mayoría del alumnado de España Sra. Ministra?

En total, en este curso académico, han sido 3.255.031 alumnos los que han elegido enseñanza de Religión Católica, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Sra. Belarra, tendrá que explicarle usted a esos más de tres millones de alumnos, por qué en lugar de buscarles cómo mejorar su educación, con nuevos recursos materiales, humanos, y técnicos, lo que pretende usted es prohibirles que puedan ejercer su derecho constitucional a recibir educación en la asignatura de religión. Tendrá usted que explicarles a todos ellos, que no es por buscar el bien común, sino que simplemente, es por servir a una ideología sectaria, casposa y trasnochada como es el comunismo radical ateo y anticlerical, que usted pretende llevar a todas las aulas de nuestros centros educativos, cercenando derechos fundamentales, tanto de padres como de alumnos.

“Terminar con los «privilegios de la Iglesia católica”

Sra. Ministra, en España la Iglesia Católica no tiene ningún privilegio. El único privilegio que tiene la Iglesia Católica en España es poder servir cada día con amor y sacrificio, a los miles de excluidos y marginados que el Estado no es capaz de atender.

Más bien, son usted y los políticos de su casta, los que acumulan para si todos los privilegios posibles que se pueden tener en este país, desde unos sueldos privilegiados y escandalosos, hasta vuestro coche oficial con chofer propio, que pagamos todos los españoles. Usted tiene un sueldo anual de 74.858,16 euros brutos, Sra. Belarra. Eso sí que es un privilegio del que no puede disfrutar la clase trabajadora de este país. Por no citar la cantidad de asesores que les rodean y que también les tenemos que costear con nuestros impuestos toda la gente del pueblo.

Estos innumerables privilegios, de los que su casta goza, son los que hacen posible por ejemplo, que usted haya abierto una contratación para renovar el vestuario de los escoltas y demás personal de su departamento gubernamental. Usted va a gastar 55.185 euros, de todos los españoles, en cientos de prendas para que sus asistentes luzcan de etiqueta.

En el Portal de Contratación aparece una licitación titulada «Adquisición de vestuario de verano e invierno para el año 2021, con destino a diverso personal laboral del departamento y escoltas». Para estos, usted ha encargado 225 trajes de vestir, 25 zapatos negros de señora y de caballero, 100 calcetines negros de verano, 100 camisas y blusas de vestir y 25 corbatas y pañuelo de vestir». También se piden cientos de americanas, pantalones, zuecos, pijamas y otras prendas para otras categorías de personal laboral. 

Cómo seréis los podemitas de estrictos que hasta determináis la composición de las americanas (45% de lana y 55% de poliéster). En el colmo de la exigencia, el Ministerio controlará la calidad de las muestras y las empresas podrán ser requeridas por el Ministerio para «realizar los cambios de las prendas y las modificaciones precisas hasta la conformidad en la recepción».

Sra. Belarra, usted y los políticos de su casta, que consideráis que un traje es una imposición capitalista queréis ver al servicio vestido de etiqueta. La ultraizquierda es así: presumen de vestir sin clichés, sin ataduras. Pero en cuanto pisáis moqueta os volvéis unos clasistas de tomo y lomo y obligáis a los escoltas y personal laboral a vestir de traje y corbata. Y cuidado, que la composición de las americanas tienen que llevar, sí o sí, un 45% de lana y 55% de poliéster.

“Reversión de las inmatriculaciones «ilegales»”

Sra. Ministra, solicita usted públicamente la reversión de las inmatriculaciones que ha realizado la Iglesia Católica en España a las que califica como “ilegales”.

 

Cualquier persona que tenga conocimiento que se ha producido un hecho ilegal tiene el deber de ponerlo en conocimiento de la justicia. Si usted tiene conocimiento de alguna ilegalidad ¿Por qué no lo hace? Imputar a cualquier persona física o jurídica un hecho ilícito sin demostrar que lo es, puede ser constitutivo de un delito de calumnias, en su caso, con el agravante de ser un responsable público.

Sra. Ministra, usted pone en duda la capacidad de la Iglesia para poseer bienes materiales y para inscribirlos en el Registro de la Propiedad. Insinúa usted que la inclusión de los bienes de la Iglesia en el Registro de la Propiedad se ha realizado de manera fraudulenta.

Debe usted saber Sra. Belarra, que la Iglesia, el Pueblo de Dios, está formada en España por más de 40.000 instituciones, registradas legalmente, y con capacidad de poseer bienes. Cada una de esas instituciones diócesis, parroquias, comunidades religiosas activas o contemplativas, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, etc. pueden tener sus bienes para realizar la misión que se les ha confiado. Lo pueden hacer como cualquier otra institución civil, social, deportiva, científica, académica que concurren en el espacio público y trabajan en el tejido de la sociedad.

 

Conocer la historia resulta imprescindible.

La Iglesia llegó a la península Ibérica en el siglo I. Durante siglos, el Pueblo de Dios fue construyendo lugares de culto, templos, parroquias o basílicas. Con la organización en diócesis fueron construyéndose las catedrales, y con la aparición de las órdenes religiosas comenzaron los monasterios, abadías y cenobios. Según crecía su presencia surgieron rectorías y seminarios, y la Iglesia recibía donaciones de tierras, fincas, etc. para el sustento de los sacerdotes y la ayuda a los necesitados.

Entonces no se cuestionaba la propiedad de los templos, los edificios y las tierras. Parecía evidente a quién pertenecía la catedral de Burgos, el monasterio de Montserrat o una pequeña ermita “perdida” de cualquier pueblo de España.

Lo mismo sucedía en el ámbito civil con los ayuntamientos y con los edificios públicos y con muchos otros bienes de particulares. No existía la necesidad de garantizar la propiedad de estos bienes porque nadie dudaba de quién eran ni lo ponía en cuestión.

En 1863 se crea en España el Registro de la Propiedad, a partir de la ley hipotecaria de 1861. Con él se pretende conseguir tres objetivos: dar certidumbre al dominio a los demás derechos reales sobre la cosa; posibilitar la libre circulación de la propiedad inmobiliaria; y asentar sobre sólidas bases al crédito territorial.

La inscripción de bienes en este registro no otorga la propiedad, sino que tiene simplemente una función probativa o certificativa, lo que otorga seguridad jurídica, pero no tiene función constitutiva de la propiedad.

En los dos primeros decretos que desarrollan el funcionamiento de este Registro (en junio y noviembre de 1863) se anima a las instituciones públicas y a la Iglesia a registrar sus bienes, para que el Registro acogiera ya desde el comienzo una buena parte de las propiedades que había en España.

Desde ese momento, las instituciones públicas y la Iglesia tienen la capacidad de inmatricular por certificación, un sistema especial para inscribir aquellos bienes de los que no es posible mostrar un título de propiedad, por ejemplo, por su antigüedad o por razones históricas.

El decreto impedía a la Iglesia ya entonces (y así fue hasta 1998) inmatricular los templos (iglesias y ermitas) pues la propiedad era evidente y esos templos no podían ser objeto de comercio.

Es a partir de este momento cuando empieza a inscribir sus bienes para garantizar la identidad, finalidad y uso de estos inmuebles. La Iglesia ejerce el derecho a inmatricular sus bienes porque tiene la obligación de custodiar y mantener lo que le han sido confiado.

¿Qué ha registrado la Iglesia a su nombre?

La Iglesia ha inmatriculado los bienes que durante siglos el pueblo “católico” ha construido y confiado a la Iglesia para que ésta pudiera realizar su labor: el anuncio del Evangelio (apostolado), la celebración de la fe (culto) y el ejercicio de la caridad (servicio). Los bienes de la Iglesia se destinan precisamente a estos fines.

Ha inmatriculado también otros bienes recibidos a través de legados y herencias, que han sido destinados, de un modo u otro a los mismos fines. La Iglesia tiene la obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados afectándolos a sus fines propios y poniéndolos a disposición de la sociedad, con independencia y colaboración con los poderes públicos, al servicio del pueblo cristiano.

La inmatriculación por certificación de la Iglesia

Para inmatricular un bien en el Registro de la Propiedad es necesario acreditar el título de propiedad, realizar un expediente de dominio, o mediante certificación. Este último mecanismo, la certificación, consiste en inscribir “los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.

 

Así lo han podido hacer las instituciones de la Iglesia hasta el año 2015, con aquellos bienes que posee y mantiene desde tiempo inmemorial. 

Hasta ese año, la inscripción de los bienes de la Iglesia católica tenía el mismo régimen legal que la inscripción de los bienes del Estado, y se pudieron inmatricular los bienes de la Iglesia de la misma forma y con idéntica tramitación.

Otro elemento resulta especialmente importante. Desde el comienzo del Registro y hasta 1998 no se permitió a la Iglesia la inmatriculación de los templos. Esta restricción suponía una discriminación ya que la Iglesia católica era la única confesión religiosa en España que no podía inmatricular sus lugares de culto. El art. 206 de la Ley Hipotecaria permitió a la Iglesia la inmatriculación de los templos, superando así la discriminación.

 

La Iglesia católica pudo utilizar el modo especial de inmatriculación -por certificación- desde el comienzo del Registro de la Propiedad hasta la reforma de la Ley Hipotecaria, en junio de 2015. Esa inmatriculación por certificación pudo aplicarse a los templos desde que estos pudieron inscribirse, en 1998. Desde 2015, sólo las administraciones públicas y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia pueden inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de dominio.

 

La autorización para que la Iglesia Católica utilizara este procedimiento especial se relaciona con el hecho de que la presencia de la Iglesia en España es muy anterior a la existencia del Registro y por tanto es creíble que los títulos de propiedad no existieran o nunca hubieran existido.

 

Al mismo tiempo, las leyes desamortizadores del S. XIX, especialmente de Mendizabal y de Madoz, y la posterior recuperación de parte de los bienes por la Iglesia católica, en muchos casos sin una titulación auténtica, habían desprovisto a la Iglesia de la capacidad de registrar sus bienes de manera ordinaria.

La desaparición progresiva de las circunstancias históricas a las que respondió su inclusión, así como el transcurso de un tiempo suficiente desde la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que ya permitía la inscripción de los templos, ha propiciado que desde 2015, la certificación no pueda ser un modo de registrar propiedades a nombre de la Iglesia. Desde ese momento, la Iglesia dejó de inmatricular por certificación.

“Reclamar que abonen el IBI en sedes y templos, para que se «corresponsabilicen» con los ingresos del conjunto del Estado”

Sra. Ministra, su propuesta de hacer pagar el IBI a todos los inmuebles donde la Iglesia Católica Española presta sus servicios a nuestra sociedad, como: residencias de ancianos, comedores sociales, centros de atención a personas sin recursos de Cáritas, centros de atención a enfermos de SIDA, etc… es una propuesta ruin, mezquina y miserable, que sólo perjudicaría a los miles de españoles que cada día son atendidos en todos los centros sociales que la Iglesia tiene en España. En definitiva, sería una medida en contra de los más desfavorecidos y excluidos de nuestra sociedad, esos a los que la Iglesia Católica atiende porque el Estado no tiene recursos suficientes para poder atenderlos y hacerse cargo de ellos.

Sra. Belarra, su propuesta es una propuesta discriminatoria, pues en ella no se incluyen a las demás confesiones religiosas que tienen acuerdos de cooperación con el Estado español: judíos, musulmanes y evangélicos. Y también sería discriminatoria con la Iglesia Católica respecto a las demás ONGs que operan en España, como Cruz Roja, que tampoco paga IBI.

Asimismo, también sería discriminatorio este trato hacia la Iglesia con respecto a los inmuebles  propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales dedicados a la seguridad ciudadana, a los servicios educativos y penitenciarios y a la defensa nacional, que también están exentos del pago del IBI.

¿Por qué no propone que paguen IBI las sedes de PODEMOS?

Sra. Belarra, propone usted que pague la Iglesia Católica el IBI, precisamente una institución que según su última Memoria Anual de actividades correspondiente al año 2020 atendió en España:

En el ámbito educativo:

Los 2.433 centros católicos educativos concertados impartieron clases a 1.523.777 alumnos, lo que supuso un ahorro para el Estado de 3.722.931.751 euros.

En el ámbito de la formación:

. 15 Universidades.

. 118.596 alumnos.

En el ámbito de la Salud:

1.000 centros socio sanitarios, donde fueron atendidos 1.303.078 beneficiarios. Estos centros se reparten de la siguiente forma:

-          69 hospitales

-          53 ambulatorios/dispensarios.

-          878 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad.

En el ámbito de la Atención Social:

8.163 centros socio asistenciales, donde fueron atendidos 2.763.480 beneficiarios. Estos centros se reparten de la siguiente forma:

-          6.336 centros para mitigar la pobreza.

-          436 centros de menores, jóvenes y de tutela de la infancia.

-          402 centros para promover el trabajo.

-          248 centros de orientación familiar y de defensa de la vida y la familia.

 

En total, en 2020, han sido 4.066.557 los beneficiarios que han sido atendidos en los 9.163 centros sociales (Ámbito de la Salud y la Atención Social) de la Iglesia Católica en España.

Cáritas Diocesana:

Por su parte, las 70 Cáritas Diocesanas de España, a través de sus 5.597 centros y servicios (Cáritas Parroquiales) han atendido a un total de 2.391.506 beneficiarios, con un total de recursos invertidos que ascienden a la cantidad de 337.065.276 €. Para todo ello, Cáritas ha contado en 2020 con 5.571 empleados remunerados, y 80.995 voluntarios.

Cooperación con el Tercer Mundo:

Además la Iglesia Católica en España, ha destinado en el año 2020, a través de las 72 Delegaciones de Manos Unidas, 36.123.624 € a proyectos de cooperación al desarrollo en el tercer mundo. Concretamente han sido 903 proyectos, desarrollados en 57 países (Proyectos educativos, de salud, de alimentación y medios de vida, Derechos de las mujeres y equidad, Derechos Humanos y sociedad civil, Agua y Saneamiento, Medio Ambiente y Cambio Climático).

Toda esta amplia actividad de la Iglesia Católica en España supone un ahorro al Estado de 30.000 millones de euros cada año, según estimaciones de  Fernando Giménez Barriocanal (Vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE).

Sin embargo Sra. Belarra, ¿Por qué no es capaz usted de proponer que paguen el IBI las sedes de PODEMOS, las sedes de los demás partidos políticos y las sedes de los sindicatos?  Ninguna de estas otras entidades paga IBI y sin embargo guarda usted un vergonzoso silencio sobre ellas, lo que demuestra que usted no busca la igualdad de todas las entidades ante este impuesto, sino el ataque gratuito a los católicos, que es lo que está de moda y lo que les da votos, según ustedes creen.

Las sedes de PODEMOS y de los demás partidos políticos, deberían ser las primeras en pagar el IBI, ya que al contrario que la Iglesia Católica, no prestan un servicio altruista a la sociedad, sino que por el contrario, se sirven de la sociedad a la que afirman servir para conseguir mayores cuotas de poder y a la postre, un mayor enriquecimiento, muchas veces ilícito, como ha quedado demostrado en los numerosos casos de corrupción descubiertos en España en los últimos tiempos, como por ejemplo el caso de los Falsos ERES en Andalucía.

 ¿Y qué decir de los inmuebles de la Sociedad General de Autores, SGAE? Estos también están exentos del pago del IBI. Pero después de todos los datos que le he facilitado, ¿Realmente cree usted que la Sociedad General de Autores, donde se incluyen cantantes, artistas, actores, etc… presta un servicio social a los españoles mayor que el que presta la Iglesia Católica? ¿Es más importante la labor que realiza la SGAE que la que realiza la Iglesia? ¿Por qué no propone usted que paguen también el IBI los inmuebles de la SGAE?

Su propuesta demuestra su falta de sensibilidad hacia los más excluidos de nuestra sociedad.

Sra. Belarra, usted desconoce totalmente la realidad social de nuestro país donde 2,3 millones de personas tienen que ser atendidas por Cáritas y donde miles de personas tienen que comer cada día en los comedores sociales que la Iglesia pone al servicio de nuestra sociedad.

Y lo que es más grave en un político, Sra. Belarra, usted es totalmente indiferente y ajena al sufrimiento de tantas personas que diariamente encuentran acogida, asistencia y protección en los centros sociales de la Iglesia Católica: ancianos sin recursos en residencias de mayores, enfermos de SIDA, mujeres maltratadas en Centros de Acogida, etc., etc… Si realmente a usted le importara el sufrimiento de estas personas no atacaría gratuitamente a la institución que les acoge, les ayuda y les permite salir adelante.

Sra. Belarra, usted y su Gobierno, podrán abrir tumbas, reabrir heridas, echar a los monjes de sus abadías, derribar cruces de piedra,  incluso la Cruz más alta de Europa… pero hay algo que nunca podrán hacer, y es arrancar a Cristo del corazón de los hombres. Eso ya lo intentó también hacer el comunismo en toda Europa del Este, durante la segunda mitad del siglo pasado, y el resultado es que es precisamente allí, en países como Hungría o Polonia, donde ahora el cristianismo renace con más fuerza que en ningún otro sitio.

Perseguir a la Iglesia Católica, y a los cristianos, no es ninguna bandera nueva. Pero déjeme que le recuerde una cosa Sra. Ministra: Llegará algún día, en el que también usted, (Dios quiera que dentro de muchos años y después de una larga vida), se encontrará postrada en la cama de un hospital. Y mientras el gotero deja caer lentamente sus gotas de Mórfico, mezclado con Escopolamina, y quizás también con Midazolam, el reloj de su vida irá descontando sus últimas horas de forma inexorable…

Y entonces, Sra. Ministra, habrá llegado el momento, de prepararse para dar cuentas de lo que haya hecho usted en esta vida, ante Dios y ante la historia, de explicar a quien le espera, por qué lo persiguió mientras estuvo usted en esta tierra. Quizás sentirá la necesidad de hablar con un sacerdote, para preparar su salida de este mundo… pero entonces ya será demasiado tarde, ya no habrá capellanes en los hospitales públicos con los que poder hablar, o a quien pedir que le administre el sacramento de la unción de enfermos, porque esos capellanes habrán desaparecido gracias a la iniciativa que usted misma promovió allá por el año 2021…. Algún familiar suyo intentará rezar por usted en la capilla de ese hospital, pero no podrá tampoco hacerlo, porque ya estará también cerrada.

Sra. Belarra, deje de atacar a la Iglesia Católica y dedíquese a buscar el bien común como Ministra del Gobierno de España. El destino le ha dado una oportunidad. No la desaproveche.

Atentamente,

            Fdo.: José Antonio Barragán Dorantes